El Gobierno y los sindicatos de funcionarios han mantenido su primera toma de contacto para tratar de evitar una huelga general convocada para diciembre. Sobre la mesa se encuentra una nueva propuesta de subida salarial que ha sido analizada en el programa 'La Linterna' de COPE por el comunicador Ángel Expósito y la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. El colectivo de trabajadores públicos reclama mejoras ante lo que consideran sueldos congelados y una merma de las plantillas.

La primera oferta presentada por el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, consiste en un acuerdo plurianual que abarcaría desde 2026 hasta 2028. Este esquema de subidas combinaría una parte fija con otra variable que podría estar ligada al crecimiento del PIB. Además, el Ejecutivo se ha comprometido a abonar el alza pendiente de este año, confirmando que la subida salarial será retroactiva.

Por su parte, los sindicatos exigen más. Francisco Lama, portavoz de CESIF, ha manifestado su inquietud: "Nuestra preocupación es que esa propuesta económica al menos corrija el IPC de este año y que también se contemplen fondos adicionales, tanto para corregir las desigualdades retributivas entre administraciones como para ir recuperando poder adquisitivo". Consideran que el punto de partida está muy alejado, ya que sus salarios permanecen congelados este año a pesar de una inflación media del 2,6 por 100.

El secretario de acción sindical de CESIF ha sido muy crítico con la gestión del ministerio: "Este ministro nos tiene abandonados, llevamos meses sin negociación y, por ejemplo, nuestras plantillas están bajo mínimos en el SEPE, en la seguridad social, en la sanidad, en la educación, en general en toda la administración. Hay un deterioro constante y nuestros ciudadanos lo notan a diario".

Pilar García de la Granja ha advertido sobre las consecuencias de vincular los salarios de los funcionarios directamente al IPC, como sucede con los pensionistas. La experta ha calificado la petición de una subida "sin pérdida de poder adquisitivo" como "un problema muy serio de gasto público". Según ha explicado, "los funcionarios primero no tienen criterios de eficiencia o de productividad, tú no puedes despedir a un funcionario, tienen una posición que han sacado después de una oposición y, por lo tanto, su situación laboral es más segura y acomodada que la del resto de los trabajadores".

García de la Granja ha aportado datos de un informe del Banco de España, afirmando que "en España los funcionarios ganan de media entre un 24 y un 25 por 100 más que en el sector privado". Además, ha señalado que "trabajan de media 34 horas a la semana" y tienen más vacaciones y días de asuntos propios. La economista también ha recordado que el coste de la Seguridad Social de estos trabajadores lo asumen los Presupuestos Generales del Estado, es decir, "los impuestos de todos".

Los sindicatos denuncian que la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010 supera el 20 por 100, una cifra que tachan de "inaceptable". Desde el último acuerdo, firmado en 2022, la pérdida se estima en un 6 por 100. Esta situación ha provocado que los funcionarios estallen y convoquen movilizaciones, que continuarán con paros semanales en varias capitales españolas.

El malestar es palpable entre los empleados públicos. Pilar, trabajadora de la Agencia Española del Medicamento, ha alertado sobre "la fuga de talento" y la "sobrecarga de trabajo" en su organismo. Por su parte, Javier, desde una oficina de empleo en Cádiz, ha señalado que "el trabajo se ha incrementado con la nueva normativa" y que la pérdida económica en los últimos tres años "fue de un 7 por 100, y no te digo ya todo lo que llevábamos perdido desde el 2008".

El "acto final", según describen las partes, sería la huelga general en diciembre si no se alcanza un acuerdo. Para agilizar el proceso, el ministerio se ha comprometido a celebrar reuniones semanales, comenzando el próximo martes y continuando todos los miércoles. La oferta definitiva del Gobierno se espera para el próximo 19 de noviembre.

Además de las cuestiones puramente salariales, sobre la mesa de negociación también se abordarán otros asuntos relevantes. Entre ellos destacan las nuevas convocatorias de empleo público y la aceleración del proceso para que miles de interinos en situación de precariedad laboral pasen a ser fijos, una medida que busca la estabilización de las plantillas.